La Policía Federal lanzó el jueves la "Operación Curupira", y ese mismo día ya había detenido a más de 80 personas, entre ellas el secretario de Medio Ambiente del estado de Mato Grosso, Moacir Pires, y el director Forestal del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), Antonio Carlos Hummel.
Ibama es el brazo ejecutor del Ministerio de Medio Ambiente. Su gerente ejecutivo en Mato Grosso, Hugo José Werle, y muchos funcionarios locales también están presos, involucrados en una mafia que vendía autorizaciones para el transporte y la "legalización" de madera clandestinamente extraída, incluso en áreas indígenas y de protección ambiental.
De las 89 personas con prisión decretada por la justicia, 47 son funcionarios del Ibama, ocho de ellos en cargos de confianza, es decir nombrados por los gobernantes, informó el Ministerio de Medio Ambiente, que determinó la intervención por 60 días de las oficinas del organismo en Mato Grosso, en el centro de Brasil. La intervención es comandada por el fiscal Elielson Ayres de Souza, que encabezó las diligencias sobre la corrupción, iniciadas en setiembre de 2004. La emisión de autorizaciones para productos forestales fue suspendida por un mes, para reconstituir el servicio sin sus vicios.
La investigación hecha por órganos superiores del Ibama, la Policía Federal y la Fiscalía estimó en 1,9 millones de metros cúbicos la madera ilegalmente extraída de Mato Grosso, el equivalente a la carga de 76.000 camiones que, en cola, ocuparían 1.100 kilómetros de carretera.
La cuadrilla operaba desde hacía 14 años en el estado, admitieron las autoridades.
Los demás presos o buscados por la policía son empresarios que pagaban el equivalente a 800 dólares por cada autorización, según el comisario Tardelli Boaventura, jefe de la Operación.
Mato Grosso es el actual campeón de la deforestación en Brasil. Del área amazónica deforestada en el período de agosto de 2003 a agosto de 2004, en un total de 26.130 kilómetros cuadrados, 48,16 por ciento le corresponde a ese estado, gobernado por un gran agricultor y comerciante de soja, Blairo Maggi.
En Mato Grosso la deforestación aumentó 20,3 por ciento en relación con el período anterior. Junto con Rondonia fueron los dos únicos estados, de un total de ocho, en que se registró un incremento, según las mediciones publicadas hace dos semanas.
Buena parte de esa devastación "se debe a la corrupción en Ibama y la FEMA", sostuvo el comisario Boaventura.
FEMA es la Federación Estadual de Medio Ambiente de Mato Grosso, la autoridad ejecutora, acusada de autorizar fraudulentamente la tala de bosques amazónicos.
El organismo abría paso a la deforestación calificando esos bosques como "del Cerrado", una especie de sabana en que la ley permite talar hasta la mitad de cada propiedad. De acuerdo con las normas, solo se puede talar 20 por ciento de los predios amazónicos.
"Los órganos nacionales están cumpliendo su parte, ahora le toca al gobierno estadual asumir sus responsabilidades y adoptar también medidas contra la deforestación", reclamó Serys Slhessarenko, representante de Mato Grosso en el Senado.
La senadora reveló, en el Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Sustentable concluido el jueves en Rio de Janeiro, que desde julio del año pasado empresarios interesados en escapar al cobro de comisiones ilegales exigidas por funcionarios le informaron sobre la corrupción en el Ibama.
Ninguno se atrevía a formalizar las acusaciones, ante el temor a ser asesinados o de ver a sus empresas sometidas a represalias, indicó Slhessarenko. Pero la legisladora elevó las acusaciones a la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y a través de ésta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Así comenzó la investigación de la Fiscalía y la Policía Federal.
El secreto de las pesquisas permitió desatar la "Operación Curupira" sorpresivamente y detener a casi todos los acusados. La Policía Federal movilizó 450 agentes, a los que se sumaron 31 del Ibama.
En las leyendas populares del interior de Brasil, Curupira es un indígena cuyos pies apuntan hacia atrás y que protege los bosques. La acción se extendió a otros estados brasileños, sumando 129 órdenes de prisión en todo el país, según la Policía Federal.
Mato Grosso "no es un caso aislado", advirtió Paulo Adario, coordinador de la Campaña Amazonia de la organización ambientalista Greenpeace Internacional. La extracción ilegal sigue impune en otros estados, como Pará y Rondonia, y corresponde a 72 por ciento de toda la madera producida en la Amazonia.
La presencia del Estado es débil en la región, por lo que resulta indispensable fortalecer sus órganos y librarlos de la corrupción para combatir con eficacia la actividad maderera ilegal, la deforestación, los incendios forestales y la violencia en las comunidades locales, acotó.
La organización recordó que en 2001 ya había denunciado el intento de fraude de uno de los funcionarios de Ibama ahora detenido, Randolf Zuchow, quien intentó liberar una partida ilegal de madera de caoba retenida en Estados Unidos. Fue necesaria la repercusión negativa, nacional e internacional, de la deforestación del año pasado para llevar el gobierno a desbaratar una "mafia verde" ya ampliamente conocida, según Roberto Smeraldi, director de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.
La ministra Marina Silva anunció que nuevas operaciones similares serán desplegadas y que investigaciones internas en el Ibama, en los últimos 20 meses, ya habían descubierto 431 falsas empresas usadas en fraudes en Mato Grosso, donde también se descalificaron 319 proyectos de manejo forestal, con que se buscaba legalizar la extracción maderera.
